Portada Columnas Venta de aguas servidas tratadas por parte de las empresas sanitarias amenaza gravemente la viabilidad de la pequeña agricultura de riego

Venta de aguas servidas tratadas por parte de las empresas sanitarias amenaza gravemente la viabilidad de la pequeña agricultura de riego

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   alt Director de INDAP, Ricardo Ariztía, acompañado del asesor jurídico Germán Villegas, ofreció una conferencia de prensa donde explicó lo que está ocurriendo con la venta de aguas servidas tratadas en el país y sus consecuencias. Este es el comunicado leído por Ariztía:

“Las empresas sanitarias, basadas en una interpretación de la Ley General de Servicios Sanitarios que como pequeña agricultura no compartimos, han comenzado a vender las aguas servidas tratadas, lo que, de continuar y extenderse, significará que miles de hectáreas de cultivo que hoy son productivas gracias a que disponen de agua canalizada para riego dejarán de contar con este recurso. En consecuencia, los pequeños agricultores se verán impedidos de continuar con su actividad, ya que les resultará muy difícil, si no imposible, competir por este recurso con sectores consolidados y de ingresos muy superiores como, por ejemplo, la minería.
Se trata de un problema que en lo inmediato afecta a pocos, pero que en una perspectiva de quizás pocos años será nefasto para el país y, muy probablemente, una fuente permanente de enfrentamiento y conflicto entre los usuarios de esas aguas, en un escenario en que los pequeños productores, carentes de recursos económicos para buscar soluciones propias como la construcción de pozos profundos o incluso para contratar una defensa jurídica adecuada, estarán inevitablemente en absoluta desventaja”, dijo el director nacional de INDAP, Ricardo Ariztía.

Juicio de los regantes
“Esta situación ha derivado en un litigio que hoy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, que se inició con la demanda que los regantes de la Junta de Vigilancia Río Mapocho y de la Confederación de Canalistas de Chile presentaron en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, SISS, argumentando que este organismo carecía de facultades para liberar a las empresas sanitarias de la obligación de descargar las aguas tratadas a los cauces naturales”.

La cuarta etapa del agua
“Los servicios sanitarios comprenden cuatro etapas, que pueden ser ejecutadas por una misma o por diferentes empresas: la potabilización del agua cruda, su distribución, la recolección de las aguas servidas y –cuarta etapa, cuyo alcance está en la raíz de la disputa entre sanitarias y regantes– su tratamiento.
En esta última concesión, afirman los regantes, la empresa sanitaria cumple la función de limpiar las aguas servidas y devolverlas al cauce público, sin que ello le genere derechos de agua. Tal es así que, al igual que en las restantes etapas, también en ésta los usuarios pagan por los servicios prestados, los cuales aparecen en glosas separadas en la cuenta de agua.
Los argumentos de los regantes son múltiples y están basados, al igual que los de las empresas sanitarias, en la Ley General de Servicios Sanitarios. Dirimir esas posturas desde el punto de vista legal no corresponde a INDAP. Lo que sí nos corresponde, y nos interesa, es ir al asunto de fondo que aquí está en juego, dijo Ricardo Ariztía. Y éste es, en mi opinión, si como país estamos de acuerdo en que se otorgue a un sector de la empresa privada, que por las características del mercado en que opera constituye un monopolio natural y debe actuar bajo la permanente fiscalización y regulaciones de la autoridad pública, el derecho de propiedad de las aguas servidas tratadas, para comercializarlas a quien estime pertinente, dejando miles de hectáreas de superficie agrícola bajo riego sin sus derechos históricos y, de ser así, cómo pretendemos enfrentar las enormes consecuencias que esto inevitablemente acarreará”.


El caso Chamonate – Toledo

“En Copiapó, acorde a información proporcionada por la Seremi de Agricultura, la empresa de obras sanitarias iniciaría a fines de enero la comercialización de 175 lts/seg  de aguas servidas tratadas de la ciudad, que actualmente se depositan en el  canal unificado Chamonate- Toledo para su uso por parte de agricultores, y las destinaría  a una explotación minera en Tierra Amarilla. Es decir, simplemente  dejaría sin riego al sector agrícola Chamonate- Toledo, el cual comprende unas 1.600 hectáreas agrícolas, de las cuales alrededor de 250 son explotadas por pequeños agricultores, cuyas unidades productivas comprenden mayoritariamente entre 5 y 10 hectáreas físicas. El impacto estimado apunta a que, por ejemplo en el caso del cultivo de hortalizas por parte de los pequeños agricultores, la producción se reduciría en 80%.
Este es apenas un botón de muestra del problema al que nos referimos. En Chile ya se identifican cuarenta cuencas deficitarias, ya sea por aumento de demanda, aumento de población como por menor oferta debida a sequía y cambio climático. Por el solo concepto de aumento de población el panorama es preocupante: se estima que al 2020 Chile tendrá 18,5 millones de habitantes, de manera que, si se mantuviera la disponibilidad actual de agua, pasaríamos de a 2 a 6 regiones con presión severa sobre el recurso”.

Impacto profundo

“El marco legal en el que se desenvuelve la actividad de las empresas sanitarias ha dado pie a múltiples interpretaciones. El profundo impacto derivado de la falta de claridad del Estado en esta materia, al no haber dejado en la más meridiana claridad la propiedad de las aguas, donde las sanitarias solo hacen uso de un derecho consuntivo, tiene consecuencias de la mayor gravedad patrimonial y social.
De permitirse que continúe disminuyendo la disponibilidad de agua para la agricultura, como consecuencia de la venta de este recurso por parte de las empresas sanitarias a otros actores, se observarán impactos incalculables en parte importante de las cuencas de Chile, tanto desde el punto de vista del grupo humano, medio ambiental. A ello se suma la transferencia de riqueza, desde sectores vulnerables y que explotan recursos naturales renovables de manera sustentable hacia otros sectores.
Estos efectos ya han sido reconocidos, como por ejemplo las resoluciones ambientales de las plantas de tratamiento en el Río Mapocho, que obligan al titular a restituir las aguas al cauce a título gratuito de manera de no afectar el riego existente en la actualidad.
Es mi deber como Director de INDAP dar a conocer este potencialmente grave e irreversible daño al patrimonio de los pequeños agricultores, si no se toman las medidas inmediatas para detener este proceso y así cumplir con la misión del Estado de resguardar los derechos mínimos de la pequeña agricultura y de mantener el recurso hídrico en los cauces normales de las aguas, como lo ha sido históricamente.
En la historia, la agricultura y los entornos de las ciudades han sido afectados negativamente por la amplia cantidad de efectos que acarrea el crecimiento de las urbes, tales como disminución de la recarga de las cuencas, contaminación de las aguas, destrucción de hábitats naturales, etc. Estos efectos no han sido mitigados ni compensados por las ciudades, habiendo sido asumidos los daños en un  100% por la agricultura y es hoy, cuando recién se está empezando a devolver a los cauces naturales agua de calidad relativamente aceptable para su uso en riego, cuando se pretende privar del recurso a los agricultores”.


 

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