La Reforma Procesal Penal busca modificar el actual sistema de justicia criminal, con el objetivo de garantizar un juicio justo a todos los ciudadanos.
Entrega las responsabilidades de investigar y juzgar a órganos distintos. La etapa de investigación está a cargo del Ministerio Público y la función de juzgar recae en el Poder Judicial.
El Ministerio Público es una entidad compuesta por fiscales, quienes para estos efectos dirigen la investigación y la acción de la policía, y protegen a victimas y testigos.
Se ha creado también la Defensoría Penal Pública, que defiende a los Imputados cuando éstos no cuentan con un abogado particular.
La Reforma crea además dos nuevos tribunales: el Juzgado de Garantía, donde el juez especializado vela por el correcto desarrollo del proceso investigativo, y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, donde tres jueces conocen las pruebas y dictan sentencias en un Juicio Oral y Público.